Garantizar el etiquetado del 1% a Cultura en los presupuestos nacionales se ha convertido, junto con el Estatuto del Artista (dotar de derechos laborales a todos los artistas como trabajadores de la Cultura) en los dos grandes asuntos a resolver en los próximos meses y años en la esfera global, como ha quedado evidenciado en las Declaraciones de la Cumbre Iberoamericana de Ministros y Ministras de Cultura (rumbo a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado del 2026) y de MONDIACULT (la cumbre global de Cultura de la Unesco), ambas en Barcelona entre septiembre y octubre pasados, así como la Carta de Bogotá, uno de cuyos acuerdos es precisamente lograr el famoso 1% tan cacareado desde hace décadas.
El Estatuto Iberoamericano del Artista como Trabajador de la Cultura (Acuerdo 6 de la Declaración de Barcelona de Ministros de Cultura) está en marcha y la propuesta deberá presentarse el próximo año sin falta en la Cumbre de Iberoamérica. Pero el tema del 1% sigue siendo un sueño, un ideal, un compromiso sin garantías formales en tanto no se logre posicionar a la Cultura entre las prioridades de la clase política global y, con ello, de la vida pública y privada, con la consecuente relevancia que cobraría por derivación entre las empresas y los empresarios.
En el caso de México, el 1% del “gasto programable” para el próximo año sería poco más de 70 mil millones de pesos (algo así como 3,800 millones de dólares), casi 7 veces más de lo que hoy se destina al presupuesto federal de Cultura (apenas 15,084 mdp aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026). La batalla seguirá sin tregua y deberá concentrarse ya no sólo en la meta sino en el paso siguiente, el etiquetado, el para qué de ese presupuesto, además de que será indispensable esgrimir nuevos y mejores argumentos que rebasen la sola fundamentación técnica o económica de que la Cultura aporta 2.8% al Producto Interno Bruto (865 mil mdp), y más de 1.4 millones de empleos cada año, como lo indica la Cuenta Satélite de Cultura recién publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El argumento político y ético deberá posicionar que la Cultura es el centro de cualquier transformación genuina, es y debería ser el eje, brújula y punta de lanza de toda la política pública, no un apéndice dispensable. Y eso deberá reflejarse con creces en el presupuesto, más allá del discurso.
¿QUÉ PASA EN LA CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN?
Por todo esto resulta alarmante aterrizar en el caso particular de la Ciudad de México, en teoría, la joya de la Corona del proceso de la 4T (Cuarta Transformación), la plataforma de lanzamiento de la política pública nacional de la transformación, sector por sector. En el caso de Cultura esto no es así. Hay una enorme cortina de humo que no permite distinguir que buena parte de las acciones en materia de Cultura que vemos en la ciudad son en realidad fruto de políticas del ámbito federal o del ámbito privado, empresarial o autogestivo, geolocalizadas en la gran ciudad de forma orgánica, porque aquí están asentadas las instituciones, buena parte de los agentes y de los recursos, públicos y privados, nacionales e internacionales.
Se desbordan las actividades artísticas y culturales que se ofrecen a todo tipo de públicos al día, a la semana, cada mes. Miles de actividades que para un ojo poco avezado podrían pasar como producto de la política pública local, cuando en mayor medida no lo es. Descontando la enorme cantidad de acciones gestionadas desde la iniciativa privada o la autogestión, es decir, desde la misma comunidad artística y cultural que se rasca con sus propias uñas y subsidia la vida cultural con sus propios recursos, quedan aquellas actividades planeadas y programadas por la institución local, es decir, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Apenas el pasado 3 de noviembre y a propósito del primer informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, compareció en el Congreso local la titular de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, mejor conocida como Ana Francis Mor (del colectivo Las Reinas Chulas), y aportó algunos datos de lo que se ha realizado a un año de que tomó posesión de este cargo. A primera vista parecerían grandes logros, pero una revisión detallada arrojaría que los programas relevantes siguen siendo, desde hace al menos 4 sexenios, el apoyo a Grandes festivales y ferias, que permite recabar una métrica de 9 millones de asistentes, o “personas atendidas” (por un lado), y lo que se ha dado en llamar como Cultura comunitaria, centrada y concentrada en las Fábricas de Artes y Oficios (FAROS), después Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y ahora UTOPÍAS.
Es un tema de política cultural, pero también de política pública en materia de Cultura. ¿Cuál es la diferencia? La primera es la visión, el hacia dónde se quiere ir. La segunda es el cómo lograrlo, el andamiaje, los programas.
Un análisis detallado arroja que en ambas hay un enorme rezago. En la primera línea, arrastramos una visión que se posicionó a partir de la llegada del primer gobierno democráticamente electo en 1997, con Cuauhtémoc Cárdenas como Jefe de Gobierno y Alejandro Aura al frente del naciente Instituto de Cultura (a la postre Secretaría), con un equipo muy robusto y un grupo amplio de asesorías y trabajo previo, además de la experiencia acumulada desde la creación del proyecto cultural de la Unión de Vecinos y Damnificados (UVyD), autocreada por la sociedad civil organizada tras el terremoto del 85. En ese momento la visión era de futuro. Así nació y se posicionó en la vanguardia. Levantó un proyecto casi de la nada, principalmente en el ámbito de la cobertura territorial. Treinta años después, sin embargo, se mantiene la misma visión, pero la ciudad y la comunidad artística crecieron y evolucionaron exponencialmente, rebasando a la institución por todos los costados, reclamando una renovación que de urgente ha pasado a impostergable.
La segunda línea, la política pública, el cómo, también se rezagó. Los programas siguen siendo Grandes festivales y Cultura comunitaria. La población objetivo es de 11 millones de personas (9 millones de habitantes y 2 millones de visitantes que entran a diario por cuestiones laborales), más 60 millones de turistas al año (El economista: https://tinyurl.com/5n8pa5mx). La política pública en materia de Cultura se entrecruza necesariamente con Turismo, Economía, Trabajo, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Finanzas, Salud, Obras e Innovación Digital, por lo menos. No está de más señalar que previo a la elección de 2024, el equipo de Clara Brugada recaudó mucha y muy valiosa información proporcionada por la comunidad artística a través de incontables foros, para replantear el proyecto de Cultura de la ciudad. Muchas ideas, planes y proyectos, algunos con desarrollos y despliegues técnicos, que siguen esperando.
Adicionalmente, en todo este entramado de visiones y ambiciones, objetivos e implementación (discurso y decurso), se ha obviado una pregunta clave: ¿Y quién presta los servicios culturales, además del personal administrativo, operativo y logístico? ¿En qué lugar del presupuesto que se requiere para atender a esta población objetivo, están lxs artistas creadorxs, investigadorxs, docentes, productorxs, gestorxs, mediadorxs, facilitadorxs, promotorxs y divulgadorxs del Arte y la Cultura que residen en la capital? ¿Bajo qué condiciones laborales operan? ¿Cuántas personas conforman esta comunidad? ¿Cuánto presupuesto se necesita para dar cobertura a todo este ecosistema?
Sabemos, eso sí, que el presupuesto a Cultura en 2024 fue de $1,300 millones de pesos (mdp). De ésos, $750 millones se fueron a costo de operación y solo $550 mdp (unos 30 millones de dólares) para desarrollo cultural, incluidos Grandes festivales y Cultura comunitaria, de acuerdo a la información que hemos podido recabar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
EL 2% A CULTURA NO LO TIENE NI OBAMA
El drama aumenta cuando nos enteramos que hay un mandato por ley para destinar 2% del gasto programable de la ciudad a Cultura (algo así como 5,400 millones de pesos, unos 300 millones de dólares), pero que desde su promulgación en 2018, en plenos gobiernos morenistas, no se ha cumplido.
¿Por qué el incumplimiento de la Ley en este caso no es un escándalo, o peor aún, por qué no se corrige si con esta violación a la ley se están vulnerando derechos culturales de la población, en general, y de la comunidad artística y cultural, en particular? ¿Por qué nadie pelea esta batalla?
Han pasado más de 7 años desde su promulgación en 2018 y ya no es posible interponer un amparo ante su incumplimiento. Esto debió suceder cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos para la ciudad inmediatamente después de la publicación de la ley. No se hizo. Lo técnico jurídico ya no puede ser la esencia de esta batalla. La esencia debe ser política. Se debe entender y resaltar el poder de la Cultura para una verdadera transformación.
ENCRUCIJADA TERRITORIAL
Para aumentar la tensión, hay que entender que en la Ciudad de México se cruzan al menos 4 niveles y esferas de poder en materia de Cultura: la federal (más toda la actividad independiente y privada), la de la ciudad (estatal), la de las alcaldías (municipal) y la de los partidos que gobiernan en todos estos niveles. Esto tiene ventajas y desventajas evidentes. La ventaja es que hay una efervescencia y ebullición de actividades casi única en el planeta, miles de actividades al mes en cada rincón de la ciudad. La desventaja es que cada quien rema para su santo y trata de jalar agua para su molino, la Cultura se instrumentaliza con fines políticos y electorales, sirve para decorar candidaturas y vestir eventos de la clase política y partidista. No hay visión de futuro, ni se suman todos los recursos disponibles –y por disponer– a una estrategia a largo plazo. No es una política de Estado.
Hoy, casi 30 años después de la llegada de la “izquierda” al corazón del país, su política cultural intenta inventarse y emerger –otra vez– como el Fénix desde las cenizas, casi desde cero, como cada seis años, para ofrecerse una vez más sin rumbo claro, sin proyecto, como no sea ofrecer conciertos masivos en el Zócalo capitalino y nuevas versiones de los FAROS, después PILARES, ahora UTOPÍAS. Bastaría un pequeño recorrido por cada uno de estos espacios para entender el enredo administrativo en el que operan, donde muchos de sus colaboradores no tienen derechos laborales sino que trabajan bajo la figura de beneficiarios de programas sociales, como becarios, o están adscritos a diferentes dependencias de la ciudad o de las alcaldías, sin garantía de su continuidad en caso de cambios o movimientos de funcionarios públicos. Esto no solo vulnera derechos, sino que se construye sobre una base endeble que puede caer en cualquier momento, como ya ha sucedido en el caso de las FAROS y los PILARES.
Ahora incluso se anuncia una Universidad de las Artes, sin tener claro cuál será el futuro de los egresados de cualquier carrera profesional. El objetivo no puede ser egresar profesionales en arte y cultura que no encontrarán trabajo. Hace falta más claridad, más visión, más altura.
El problema no es exclusivo de la ciudad. Es un tema nacional, estatal y municipal. Urge reunir a las mejores mentes y talentos en política pública en un mismo espacio y construir un nuevo Proyecto Nacional de Cultura que integre los 4 niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal y el de los pueblos originarios, en un pacto despartidizado que permita poner a la Cultura y quienes la hacen a diario (no sólo a quienes la disfrutan), en el centro de una estrategia de defensa frente a la involución global. La Ciudad de México debería llevar la batuta en esta iniciativa.
Por el bien de todos, primero la Cultura.
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* Socio fundador de Bioscénica: cuerpo digital y transdisciplina y miembro de la Asamblea de Artes de la Ciudad de México (https://linktr.ee/ada.cdmx) / Más info en https://linktr.ee/alekosmx / contacto.bioscenica@gmail.com